En 1993 la Ley de Transferencia de Servicios Educativos tuvo como resultado la desresponsabilización del Estado Nacional en materia de Financiamiento Educativo (congelamiento salarial, y de plantas orgánico funcionales, déficit en infraestructura).
Frente a ello los docentes decidimos por medio de nuestra organización, la CTERA y con el aval absoluto de la sociedad, dar la lucha reflejada fuertemente en el Ayuno de la CARPA BLANCA, teniendo como consignas principales: "Ley de financiamiento Educativo" y "Derogación de la Ley Federal de Educación".
Fueron tres años de Ayuno que nos permitieron abrir la primera grieta por la cual se obliga al Estado Nacional a financiar parte de la educación en las Provincias a través del FONID. Este complemento salarial , en algunas Provincias pasa a ser lo único que se cobraba en pesos, ya que los salarios se pagaban mal, tarde, con bonos, etc.
Luego de la crisis del 2001-2002 se inicia un proceso de salida de un conjunto de políticas educativas neoliberales que nos permite avanzar en dos pilares fundamentales: Ley de Financiamiento Educativo (2005) y Ley de Educación Nacional (2006). Ambas Leyes recogen gran parte de nuestras demandas históricas. En ellas vemos huellas de diez años de lucha de la docencia de todo el país organizada en la CTERA.
Muchos son los logros alcanzados por la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo. Sin embargo, observamos los límites que hacen necesaria la sanción de una nueva Ley que pueda responder a demandas genuinas que venimos expresando fuertemente.
-Es evidente que la actual inversión no alcanza para llegar a la universalización del nivel medio en un lapso razonable.
-No ha sido cumplida una de las metas que es lograr un 30% de escuelas sean de jornada completa
-No se han superado las inequidades entre las provincias.
-Queda claro que la propuesta de la CTERA que planteaba que el Estado Nacional debía aportar un 60% de la nueva inversión era más apropiada que la que resultó votada en las cámaras ya que muchas provincias han llegado a su tope de inversión educativa con recursos propios.
El fin de la Ley de Financiamiento es en diciembre del 2010, el desafío es obtener una nueva Ley que contemple:
*mayor porcentaje del PBI para educación,
*partidas exclusivas para educación a cargo de las provincias y presupuesto propio aparte para la educación universitaria,
*incremento de la participación del Estado Nacional en la inversión educativa, aporte para salarios, incluyendo avance en la cobertura de inicial y secundaria,
*inclusión de criterios objetivos de distribución de recursos entre las provincias basados en variables medibles y sujetas a evaluación permanente,
*incorporación de instancias de seguimiento de la inversión tanto nacional como provincial, con participación de los gremios representados en la paritaria nacional.
Asimismo destacamos que con la sanción del decreto que da lugar a la AUH se potencia y perfecciona la Ley de Educación y esto determina la necesidad de acelerar tiempos en la inversión en el nivel inicial y secundario. No podemos aceptar ni aulas superpobladas ni la precarización laboral para ampliar la cobertura de los sistemas Educativos.
Necesitamos la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que garantice el Derecho Social a la Educación con responsabilidad plena del Estado.
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