POR STELLA MALDONADO - FUENTE: PAGINA 12 - MARTES, 2 DE MARZO DE 2010
La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y su aplicación desde 2006 marcaron un punto de inflexión en las políticas de inversión educativa y en la desresponsabilización del Estado nacional en esa materia, que fue la marca de agua que el modelo neoliberal impuso en la Argentina desde la dictadura militar de 1976 a 1983.
La lucha de Ctera en la Carpa Blanca obtuvo la instalación en la agenda pública del tema inversión en educación y la sanción de la ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que vino a paliar situaciones extremas como el atraso salarial y el pago en bonos y, sobre todo, abrió una grieta para avanzar en el reposicionamiento del Estado nacional en el financiamiento educativo, preparándose el terreno para la sanción de la ley 26.075, fruto de la correlación de fuerzas construida durante muchos años por la Ctera y del cambio de etapa política y económica posconvertibilidad.
La Ley de Financiamiento llega al final de su aplicación en diciembre del 2010 cumpliendo sus metas en términos de porcentaje del PIB invertido en educación; en relación con la ampliación de la cobertura del nivel inicial y secundario, particularmente en las provincias de nuestro norte grande; ha sido una herramienta muy importante para la mejora salarial de los trabajadores de la educación de todo el país luego de doce años de congelamiento y ajuste y ha permitido la ampliación de las plantas funcionales de las escuelas con la creación de miles de nuevos cargos y horas cátedra.
Cualitativamente, además, garantizó que un porcentaje de la coparticipación federal en cada provincia fuera destinado a la inversión educativa con tres prioridades (artículo 5): mejorar las condiciones laborales y salariales, jerarquizar la carrera docente y promover la calidad de la formación inicial y permanente.
Una de las metas que se planteó la ley quedó incumplida con una gran brecha: “Lograr que el 30 por ciento de los alumnos de educación básica tenga acceso a escuelas de jornada extendida o completa”. Este es uno de los elementos indicativos de que era correcto el planteo de Ctera en el sentido de que la proporción de la nueva inversión debía ser 60 por ciento nacional y 40 provincial.
Asimismo, cabe señalar que si bien se logró instalar el piso salarial, aún quedan inequidades entre provincias y aún al interior de los sistemas provinciales entre los salarios de cargos y horas cátedras, escalafones jerárquicos, etcétera.
Con posterioridad se sancionó la nueva Ley de Educación Nacional (26.206), por la cual ahora las metas de obligatoriedad son más altas, ya que incluyen la escuela secundaria completa, y es más amplia la exigencia de universalización del nivel inicial, ya que el artículo 19 dice que el Estado Nacional, las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños/as de cuatro años de edad. La jerarquización de la educación técnica, artística, multiculturalbilingüe, y en contextos de encierro, que las nuevas normas han recuperado, requieren una inversión superior a la pautada por la ley 26.075. Garantizar la formación permanente en servicio, la creación de nuevos puestos de trabajo tal como plantea el artículo 32 de la LEN para la escuela secundaria, implica necesariamente recursos específicos para hacerlo realidad. Es por eso que el eje estratégico de la política de Ctera en este año del Bicentenario es la sanción de una nueva ley de financiamiento que permita alcanzar las metas fijadas por la Ley de Educación nacional, acompañadas por la dignificación del salario y las condiciones del trabajo docente y políticas socioeducativas que permitan sostener la escolarización de los estudiantes de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Hablamos de una ley de financiamiento integral que profundice la reparación de las desigualdades distributivas entre las provincias. Existen hoy provincias cuya inversión por alumno es inferior a la media, como la provincia de Buenos Aires que, sin embargo, destina el 37 por ciento de su presupuesto a la educación. Otras, destinando porcentajes muy inferiores a la educación, invierten por alumno, en algunos casos, el doble de la media nacional.
El porcentaje de PIB destinado a la inversión educativa debería llegar gradualmente hasta 2016 al 10 por ciento si incluimos a las universidades. Debería definirse un fondo nacional de financiamiento educativo compuesto por una canasta de recursos nacionales y provinciales, pero en el cual se incremente el porcentaje que aporta el Estado Nacional. Por otra parte, hay que definir criterios objetivos de distribución a partir de distintas variables: cantidad de alumnos, de escuelas, déficit de cobertura, escuelas rurales, etc. La ley debería contener instrumentos de monitoreo y contralor de la distribución de los recursos con participación de los sindicatos docentes nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil.
Ha llegado el momento, además, de revisar los sistemas de subsidios a la enseñanza privada para no estar subsidiando a empresas educativas, que tienen importantes ganancias en detrimento de la escuela pública. Este es el gran desafío de la etapa y requiere una importante alianza multisectorial y social que le dé densidad política a esta demanda y construya la fuerza que haga posible la sanción de una nueva ley de Financiamiento Educativo en el transcurso del Año del Bicentenario.
